Contra el viento. El blog de Ignacio Alvo

Lo malo y peligroso de hacer un mal diagnóstico es que las medidas, puede que no sólo no ayuden al enfermo, sino que lo empeoren. Esto es lo que está ocurriendo en la actual crisis con nuestro Gobierno.

La crisis tiene unas causas muy claras y que se pueden ver en el libro del Dr. Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, o en el que escribió hace 15 años el profesor Huerta de Soto. La política de bajos tipos de interés de los bancos centrales ha llevado a un endeudamiento masivo y a una sobreinversión en algunos sectores, principalmente el de la construcción, lo que ha puesto en peligro a todo el sistema bancario. Dicho de otro modo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora nos toca apretarnos el cinturón hasta que se deshagan las malas inversiones y se recupere el ahorro que permita nuevas inversiones. No ha habido un problema de poca regulación o supervisión, como demuestra el hecho de que la primera entidad en caer ha sido una Caja, bajo control político.

Se necesita por tanto más ahorro, no más gasto. Mientras no aumente el ahorro, y los bancos recuperen su posición de solvencia, no podrán volver a prestar a empresas y particulares. Esto es no sólo evidente sino necesario. Los bancos harían mal si volvieran a prestar masivamente antes de consolidar su posición, ya que esto les situaría nuevamente en riesgo de quiebra.

La buena noticia es que tanto particulares como empresas están haciendo precisamente lo que más falta hace: recortar gastos y aumentar espectacularmente la tasa de ahorro.

La mala noticia es que el Gobierno está haciendo justo lo contrario: en vez de apretarse también el cinturón, recortar gastos e incentivar el ahorro, se ha lanzado a una carrera desenfrenada de gasto que pone en peligro la recuperación de la economía.

La política de endeudamiento y déficit que está llevando a cabo el Gobierno tiene más consecuencias negativas de lo que podría parecer a primera vista:

1º/ El aumento de la deuda significa aumento de impuestos (actuales o futuros) y el aumento de cargas impositivas supone aumento del paro en el sector privado.

2º/ El aumento de la deuda pública supone que el poco crédito que existe disponible se dirige a financiar la deuda del Gobierno, en lugar de financiar a empresas y particulares. Una parte importante de los problemas que tienen las empresas para financiarse en la actualidad proviene del hecho de que el Gobierno está acaparando ese crédito para financiar su propio gasto.

3º/ El aumento de déficit desanima a posibles inversores extranjeros. Si un Gobierno acumula déficit, deberá pagarlo en el futuro con aumento de impuestos. Cualquier inversor preferirá, por lo tanto, instalarse en un país sin déficit o con un déficit pequeño que en un país con un gran déficit.  

Y lo peor, no es sólo lo mal que lo está haciendo, sino que todos los síntomas (desde la salida de Solbes del Gobierno, al último reparto de 11.000 millones a las Comunidades Autónomas) indican que va a perseverar en el error, garantizando no sólo que seamos el último país de la OCDE en salir de la crisis, sino poniendo incluso en peligro esa salida. Cuando salgamos de la crisis, lo habremos hecho con grandes sacrificios (nuestros, no del Gobierno), una enorme tasa de paro, y gracias a nuestro propio trabajo y esfuerzo. Lo habremos hecho... a pesar del Gobierno.

Cuando sólo faltan 4 días para las elecciones europeas ya no se pueden publicar encuestas, pero no hay nada que nos impida hacer nuestros propios pronósticos. Esta vez hay bastante unanimidad entre los profesionales y, salvo el CIS y el Instituto Noxa para La Vanguardia que han pronosticado una victoria ajustada del PSOE, el resto de encuestas pronostican una victoria del PP con un rango de uno a tres puntos. La horquilla para el PSOE sería de 21 a 22 escaños (más probable 21) y para el PP de 21 a 23 (más probable 23). En el resto de opciones parece haber consenso en que la Coalición por Europa (CiU+PNV) tendrá buenos resultados manteniendo sus 2 escaños, que IU se quedará en 1 (máximo 2), Europa de los Pueblos (ERC+BNG) tendrá 1, y UPyD también se estrenará con 1 escaño.

Lo que ya resulta bastante sorprendente es que parece que sólo 4 de cada 10 ciudadanos ejercerá su derecho al voto. Esto confiere a la movilización del propio electorado un valor crucial, ya que si del electorado de uno de los dos grandes partidos sólo vota la mitad, y el otro mantiene niveles de voto similares a las generales, se produciría una situación desconocida en nuestra democracia en que el ganador doblaría en votos al segundo partido. No creo que se llegue a dar esta circunstancia, pero estoy seguro de que al final la abstención no será tan alta y que la participación estará entre el 50 y el 55% del censo. Mi impresión es que esta participación va a ser asimétrica y va a favorecer al PP que tiene un electorado más fiel, por lo que mi pronóstico para estas elecciones es el siguiente:

PP: 24-25 diputados.

PSOE: 20-21 diputados.

CpE: 2 diputados.

IU: 1 diputado.

EdP: 1 diputado.

UPyD: 1 diputado.

Dado que este es un entretenimiento inocente, animo a otros lectores a hacer sus propios pronósticos y compararlos el lunes 8 con la realidad.

Estos días se está hablando bastante de reforma laboral gracias a la valentía del Gobernador del Banco de España, que no se ha callado como habría preferido el Gobierno que le nombró. Según parece, para el Gobierno en España no hay un problema de paro que exija tomar medidas estructurales y lo normal es resignarse a llegar a los 5 millones de parados y confiar en que el resto del mundo nos sacará en algún momento de la crisis. Tampoco la oposición parece muy entusiasmada con la reforma ya que sólo plantea que debería hacerse con el suficiente consenso, pero sin aclarar en qué debería consistir la reforma.

Lo que resulta evidente es que la economía española tiene su principal problema en el mercado laboral. Nuestra economía es incapaz de crear suficiente empleo en las épocas de expansión y lo destruye a gran velocidad en las recesiones. Para entender por qué, creo que conviene que nos comparemos con el resto de países de la eurozona. Entre estos, España es el segundo país en protección laboral, entendiendo por protección laboral los costes asociados al despido individual o colectivo y somos los primeros en paro y  en empleo temporal, además de los terceros en economía sumergida (por detrás de Grecia e Italia).

Los costes altos de despido tienden a crear mercados duales. Por una parte, los trabajadores con muchos años en sus puestos de trabajo se vuelven intocables, y por otra los trabajadores que carecen de ese blindaje legal tienen empleos muy precarios, carecen de derechos y soportan los riesgos de despido. Los empresarios tienen en cuenta esta dualidad y evitan que los trabajadores consoliden sus derechos, eligiendo modalidades contractuales temporales y despidiendo a los trabajadores antes de que consoliden sus derechos. El resultado es de locos: los empresarios despiden a trabajadores a los que querrían seguir contratando y deben mantener a otros a los que no mantendrían. Al mismo tiempo, los trabajadores que han consolidado su situación, no se atreven a cambiar de trabajo –aunque no les guste- por miedo a perder sus derechos. Es una situación que repercute de forma especialmente negativa en los jóvenes y que afecta también a la productividad de toda la economía.

En el polo opuesto en cuanto a tasa de paro y empleo temporal se encuentran los países anglosajones por una parte y Dinamarca y Austria, por otra, con un modelo conocido como “flexiguridad”. En los países anglosajones prima la libertad de contratación y de despido, lo que hace que el mercado laboral sea mucho más dinámico y activo. En Austria y Dinamarca el planteamiento es distinto, pero consigue un resultado muy parecido. En estos países, la indemnización por despido no la paga el empresario sino el Estado. Esto hace que los empresarios no tengan miedo de contratar a trabajadores o convertirlos en fijos, ya que no recaerá sobre ellos el coste del despido. Por otra parte, si un trabajador no utiliza en su vida laboral la indemnización por despido, al final de esa vida laboral se le permite consolidarla para aumentar su pensión.

Es posible que la adopción inmediata de este sistema de flexiguridad resulte imposible, porque en un momento de dificultad como este muchas empresas aprovecharían esa facilidad para quitarse trabajadores y el Estado no podría ahora hacerse cargo de ese coste, pero creo que un proceso gradual en el que el Estado fuera asumiendo progresivamente más días de indemnización, y en el que los nuevos contratados entraran ya con este sistema, sería muy positivo para acercarnos a esas tasas de paro del 5% que ahora nos parecen imposibles. Y lo que no consigo entender es la cerrazón de Gobierno y sindicatos para estudiar los modelos que mejor están funcionando. Esta política de avestruz, o cortoplacista, del actual Gobierno es, sin duda, responsable directa de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo que costará recuperar muchos años.   

Pues...me temo que no. Y el problema no es que no haya una mayoría entre las poblaciones de ambos pueblos que deseen esa paz. El problema es que, para alcanzar la paz, se necesitan interlocutores capaces de llegar a acuerdos y de imponerlos a sus propios sectores radicales. Y esto no existe en Palestina.

Esa figura existió en su momento en la persona de Yasser Arafat, pero le faltó coraje para firmar la paz con el gobierno laborista de Israel. El resto ya lo conocemos. Sin la baza de la paz, los sectores más radicales de Israel volvieron al gobierno y la esperanza de paz se desvaneció por diez años más. Mientras tanto en el sector palestino, Arafat murió y su partido -Al Fatah- perdió fuerza en medio de descomunales escándalos de corrupción que dieron alas a sus rivales de Hamás. El enfrentamiento tomó cariz de guerra civil y se ha resuelto -de momento- con el reparto del territorio palestino entre las dos facciones rivales. 

Es este enfrentamiento el que explica que mientras Israel se dedica a machacar a Hamás en la franja de Gaza, no haya reacciones en Cisjordania, no haya una tercera intifada y Al Fatah siga negociando la paz con Israel, mientras en secreto confía en que los tanques israelíes acaben con su enemigo y les permitan recobrar la supremacía en Palestina. Pero ni siquiera el improbable supuesto de la desaparición de Hamás permitiría la llegada de la paz a la zona. Sigue faltando una figura capaz de imponer la paz en Palestina y sujetar a los terroristas y radicales.

En esta situación creo que la única posibilidad para la paz es que los países árabes moderados creen un Protectorado en Palestina ocupándolo militarmente, desarmando a las milicias y forzando el cumplimiento de esa paz. Decía Mao que la guerrilla que no lucha desaparece... y eso es lo que hay que lograr. Aunque sea mediante la ocupación militar hay que lograr que en Palestina haya un Estado de Derecho, que las empresas puedan crearse y prosperar, que los jóvenes tengan un horizonte distinto al de unirse a unas milicias o inmolarse con un coche bomba. Sólo una paz -aunque sea forzada y protegida- de al menos diez años, puede crear las condiciones para una paz duradera en la zona.

Como empresario de una pyme con 7 trabajadores, tengo muy claro que de la crisis tendremos que salir sólos, sin esperar ninguna ayuda del gobierno.

Esta crisis es sin duda compleja porque tiene dos componentes que son distintos y ante los que la reacción no puede ser igual. El primero es la crisis financiera global ante la que los gobiernos han actuado razonablemente bien. Dado que ninguna entidad financiera tiene liquidez absoluta (el dinero que recibe lo presta a su vez, y así obtiene su beneficio), ninguna puede resistir una crisis de confianza o de pánico generalizado que conlleve una retirada masiva de depósitos, por lo que los gobiernos han hecho lo único posible: garantizar que ninguna entidad va a quebrar y que los depósitos están garantizados. El que el crédito vuelva a llegar a empresas y particulares es un proceso lento y progresivo ya que va unido a esa recuperación de la confianza.

Sin embargo, respecto a la crisis económica que tiene causas mucho más específicas, el gobierno está actuando de una forma típicamente intervencionista: ayudando a los amigos y olvidándose de la generalidad. Todos sabemos que esta crisis va a ser larga y que va a tener un impacto especialmente fuerte en el empleo. Si esto le preocupara al gobierno, lo que debería hacer es facilitar a las empresas el que puedan mantener a sus empleados o contratar empleados nuevos rebajando el coste de la Seguridad Social. A pesar de lo que algunos puedan pensar, la reducción de personal en las empresas es un proceso traumático y doloroso, que los empresarios preferirían evitar o reducir si fuera posible.

En cambio, el gobierno no ha hecho ninguna rebaja de impuestos y ha tomado tres medidas: La primera destinar 8.000 millones de euros para solucionar los problemas económicos de los ayuntamientos; la segunda aumentar la deuda (es decir, subir los impuestos con pago diferido) para realizar obra pública, y la tercera aumentar la dotación a las autonomías para solucionar también sus problemas económicos. Todo esto mediante aumento de impuestos actual o futuro. Es decir, las Administraciones no se van a tener que ajustar el cinturón y se suben los impuestos al sector privado, mientras 200.000 trabajadores se van al paro cada mes. Quizás sería bueno recordar aquí, que los puestos de trabajo los crean únicamente los emprendedores y el sector privado. Cualquier puesto de trabajo de la Administración se paga con los impuestos del sector privado, por lo que los puestos de trabajo "públicos" tienen un coste directo en puestos de trabajo "privados".

Además, ninguna de las medidas tomadas por el gobierno tiene un efecto general sobre la economía. El dinero que va a ayuntamientos o a obra pública va a un sector muy reducido de grandes empresas constructoras, cuyo problema -además- no es trabajar, sino conseguir que las Administraciones les paguen en un plazo inferior al año.Y estas constructoras no van a contratar trabajadores para unas obras excepcionales, sino que intentarán hacerlo con la misma plantilla. Como mucho se evitarán algunos despidos en este sector al coste de muchos otros en el conjunto de la economía.

En resumen, frente a la crisis los trabajadores y los pequeños empresarios estamos sólos, o para ser más exactos, mal acompañados.

Para mí, el liberalismo es, sobre todo, considerar que los derechos del individuo, de la persona, están por encima de los del Estado o de la colectividad; que hay espacios de libertad que el Estado no puede nunca invadir. Que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Que las personas son ciudadanos y no súdbitos y que el Estado debe limitarse a sí mismo -o ser limitado- para no invadir los espacios de libertad de las personas.

Liberalismo es defender el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Que las reglas del juego sean conocidas y se respeten; que el Estado o el Gobierno no pueda cambiarlas a su antojo a mitad de partido para favorecer a determinados grupos de presión o de intereses frente al resto.

Liberalismo significa que hay derechos de la persona que no pueden ser conculcados por la mayoría. El hecho de que un gobierno haya llegado al poder por medio de las urnas no justifica que pueda hacer cualquier cosa, como bien sabemos los que recordamos las atrocidades del nacional-socialismo y del socialismo real.

Liberalismo es considerar que los ciudadanos son adultos y responsables de sus decisiones: no son ni idiotas ni niños. Es muy habitual por parte de los intervencionistas justificarse en que “en realidad la gente no sabe lo que quiere” o les trata como a niños a los que hay que prohibir todo. Liberalismo supone que las personas dejen de buscar contínuamente el apoyo y el beneficio del Estado y asuman su propio destino.

Liberalismo es amar la diversidad y no suponer ni juzgar que hay una única solución para cada problema que debe ser impuesta a todos. Gracias también a que hay personas discordantes, diferentes, con puntos de vista distintos a la mayoría la humanidad avanza. Mientras no perjudique a otros, no debe ser prohibido ni regulado.

Liberalismo es aceptar la propiedad privada porque es el reconocimiento al propio esfuerzo y trabajo y la base de los demás derechos.

Liberalismo es, para mí, amar la verdad, frente a otros que aman la utopía, aunque esa utopía lleve indefectiblemente en su ser la semilla del mal.

Liberalismo es, también, defender la libertad de comercio. Defender el derecho que tienen todas las personas -sean estas chinas, africanas o sudamericanas- a desarrollarse, a trabajar y a comerciar con el fruto de su trabajo, sin que los grupos de presión y los gobiernos de los países desarrollados se lo impidan con su habitual hipocresía.

Liberalismo es en definitiva, para mí, quitar la opresión que el Estado intervencionista y prohibicionista ejerce sobre las personas. Liberalismo es permitir que las personas puedan decidir sobre los ámbitos más fundamentales de su vida como es la educación de sus hijos, el idioma en el que ellos y sus hijos quieren hablar, el lugar donde quieren vivir o el uso que quieren dar al fruto de su trabajo. Liberalismo es reducir el tamaño del Estado para que la sociedad y las personas puedan desarrollarse y respirar. Liberalismo es permitir que las personas en los países pobres puedan comerciar y progresar. Liberalismo es -como decía Churchill- que una llamada a las 6 de la mañana sólo pueda ser el lechero. Liberalismo es saberse minoría, pero estar acompañado por muchas de las mentes más lúcidas de los dos últimos siglos. Liberalismo es, en resumen, intentar que un rayo de luz penetre los gruesos cortinajes de las verdades establecidas y lo políticamente correcto.

Una característica muy frecuente del intervencionismo público es que su medicina, en vez de mejorar al enfermo, lo empeora de forma notable, aunque la cuantiosa partida de gastos en publicidad se encargue de vender las medidas como un gran éxito.

Como ejemplo de la eficacia de este tipo de medidas, el Profesor Carlos Rodríguez Braun suele citar el caso de los militares y la dictadura del General Primo de Rivera. El General estaba preocupado por los casos en que militares que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, veían embargadas sus viviendas y salarios, así que dictó una norma por la que los militares no podían ser embargados. El general se quedó muy contento…hasta el día siguiente en que los bancos decidieron no conceder ninguna hipoteca a militares. En estos casos, si el gobernante es inteligente y humilde, se da cuenta de su error y rectifica; si es torpe y orgulloso, se reafirma en su error y dicta nuevas normas para corregir “los problemas detectados en la aplicación de la norma” con lo que consigue empeorar los resultados anteriores. Un ejemplo de perseverancia en el error lo dio Roosevelt con su “New Deal”. A pesar de que lo vendió como un gran acierto, y que todos hemos estudiado que gracias a sus políticas se salió de la Gran Depresión, lo cierto es que fueron esas políticas las que retrasaron ¡10 años! la recuperación, convirtiendo una crisis más en la Gran Depresión.

 La situación actual de la construcción no es muy diferente: ha habido una burbuja especulativa motivada por una restricción artificial de la oferta de suelo y nos encontramos ahora con un parque de unas 700.000 viviendas nuevas sin vender. El único modo de que la construcción vuelva a funcionar a un ritmo normal de 400-500.000 viviendas por año, es que durante dos años se construya mucho menos y se dé salida a ese exceso de viviendas.

Sin embargo, la Ministra de Vivienda ha decidido que, con cargo al Presupuesto y nuestros impuestos, ella va a acabar con la crisis, y lo va a hacer destinando 300 millones de euros a la compra de terrenos para construir VPOs. El resultado de todo esto es bastante previsible: si se construyen VPOs, las promotoras no podrán vender sus viviendas, por lo que en vez de dos, pasarán tres o cuatro años hasta que se reduzca el parque de viviendas, y las promotoras acometan nuevas obras. La diferencia es que si para muchas iba a ser difícil resistir dos años sin poder vender sus viviendas y así reducir sus deudas con los bancos, ahora será casi imposible. Esta medida condena a una gran mayoría de promotoras e inmobiliarias con parque de viviendas a la quiebra. Como de costumbre, la medida intervencionista mata al enfermo en vez de curarle, aunque no faltará la publicidad para convencernos de que gracias al Gobierno, estamos mucho mejor.   

Uno de los principales problemas a la hora de afrontar los problemas de nuestra sociedad se encuentra en la manipulación y tergiversación del lenguaje. Hay muchos ejemplos, pero hoy quiero referirme al de los piquetes “informativos” de huelga. Para cualquiera que sea mínimamente objetivo está claro que los piquetes de los sindicatos (o de los empresarios estos días) no se limitan a “informar”, salvo que demos a este término el mismo sentido que la mafia siciliana le da al término “protección”. Los piquetes informan, coaccionan, intimidan y cuando todo esto no funciona, agraden, rompen, destrozan y dan palizas. Hoy, sin ir más lejos, tenemos a un camionero debatiéndose entre la vida y la muerte al haber sido quemado dentro de su camión por el “delito” de no unirse a la huelga.

Sinceramente, creo que es momento de coger el toro por los cuernos en este tema y regular el derecho de huelga, para que sea un derecho y no una obligación.

Estoy de acuerdo en que los sindicatos tienen derecho a informar de sus reivindicaciones y las razones por las que creen que una huelga está justificada, pero su derecho es sólo a informar, nunca a intimidar. Esa información deja de serlo cuando se hace en grupo frente a un indefenso trabajador. En un Estado de Derecho nadie debe estar sometido a esta forma de coacción.

En este sentido, creo que los piquetes deben ser lisa y llanamente prohibidos, y que se deben facilitar cauces para que la información de los sindicatos llegue sin distorsiones a los trabajadores.

Estos cauces podrían incluir desde facilitar un tiempo en las televisiones y radios públicas, a que los sindicatos, dentro de sus cuantiosas subvenciones públicas, dediquen algo de dinero a hacer los correspondientes anuncios en prensa para hacer llegar sus reivindicaciones.

En cualquier caso, la decisión de hacer huelga debe ser personal de cada trabajador, nunca impuesta desde la coacción, ni tampoco se debe permitir la búsqueda intencionada del perjuicio ajeno para conseguir las prebendas del poder público.

Este es un tema recurrente en la política aragonesa, muy extendido entre gente de los pueblos, y sobre todo de Huesca y Teruel, y que yo también compartí en parte hace años. El principio es muy sencillo: “Si en Aragón hay una población y una riqueza determinada, todo lo que crezca Zaragoza, lo hará a costa de los pueblos, y de Huesca y Teruel”. Los hechos, además, parecen confirmarlo: si en los últimos 50 años Zaragoza ha crecido 300.000 habitantes, ha sido porque han emigrado de los pueblos de Aragón. A partir de aquí se inicia una interminable ristra de agravios reales o imaginados “Zaragoza nos ha quitado esto, esta empresa iba a venir aquí, pero se ha ido a Zaragoza, esta carrera iba a venir aquí, pero se la han llevado los de Zaragoza”, lo que unido a una notable falta de tacto por parte de las autoridades políticas en Zaragoza, mantiene vivos estos resquemores.

Sin embargo, el punto de partida es falso. Es una idea muy sencilla y por ello muy atrayente, la de considerar la riqueza como una tarta de un determinado tamaño inmutable. Es la misma idea con la que los socialistas exigen que se reparta la riqueza, sin considerar que la riqueza es algo completamente dinámico.

Cuesta algo más entenderlo, pero la riqueza no “existe”, se crea y se destruye diariamente en miles de acciones e intercambios de particulares y empresas, y determinadas políticas públicas no son ajenas a esa destrucción de riqueza. Basta ver lo que ocurre estos días en que el temor a la crisis hace que los ciudadanos consuman menos, y esto hace que las empresas ya no tengan beneficios ni el Estado superávit. En apenas unos meses, esa riqueza de la que hacíamos gala se desvanece ante nuestros ojos, como el agua en la arena, sin que podamos evitarlo.

Con las ciudades ocurre lo mismo. ¿Alguien cree que Soria está en mejor situación que Guadalajara por estar a 230 km. de Madrid, en vez de a 58? Lo cierto es que no. Como ya he dicho la riqueza no existe, se crea (y se destruye), y las empresas buscan los lugares donde sus posibilidades de éxito son mayores, donde tienen los servicios que precisan, donde pueden acceder fácilmente a sus clientes, etc. Y si Guadalajara y Toledo son las dos capitales de provincia que más han crecido estos años, es porque su cercanía a Madrid les permite compartir ese mercado. A Soria nadie le quita nada, pero nadie muestra tampoco un interés excepcional por invertir en Soria.

Trasladado al caso aragonés, para Huesca es una suerte y una oportunidad estar cerca de Zaragoza, y para Teruel un lastre estar lejos de Zaragoza, aunque puede compensarlo algo al estar relativamente cerca de Valencia.

En este sentido, el éxito y crecimiento de Zaragoza es una oportunidad para todo Aragón. Otro tema distinto es que los poderes públicos deben garantizar unas infraestructuras y un nivel de servicios a todos los pueblos y habitantes que les permita también desarrollarse.

Por último, hay una idea que me gustaría remarcar. Además de los países, las ciudades también compiten por conseguir que las empresas internacionales se instalen en su término o en su cercanía. Esta es una liga restringida donde sólo se suelen considerar unas pocas ciudades -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla…y a partir de ahora Zaragoza. El salto de infraestructuras de comunicación que ha supuesto el AVE a Madrid y Barcelona, la finalización de la red de autovías con la conexión a Valencia, junto con la promoción internacional de la Expo hacen que esa envidiable situación que siempre ha tenido Zaragoza, a 300 km. de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, en medio del cuadrante más rico y poblado de España, se pueda por fin aprovechar plenamente.

Quedan todavía aspectos que hay que mejorar, como tener un aeropuerto con conexiones frecuentes a las principales ciudades de Europa, o ejecutar la red de cercanías y metro, pero el futuro de Zaragoza es ahora magnífico, y esto es algo que sin duda beneficiará a todo Aragón.

El trasvase a Barcelona se ha aprobado ya, y después de las correspondientes explicaciones tengo más dudas que antes.

Este trasvase se justifica por la situación de urgente necesidad de agua del área metropolitana de Barcelona. Hasta aquí nada que objetar, aunque me hubiera gustado ver esa misma celeridad y entusiasmo por parte del Gobierno central cuando en Huesca no había agua, o todos los veranos cuando numerosas localidades de Zaragoza y Teruel se tienen que abastecer con camiones de la Diputación Provincial.

El trasvase no va a solucionar sin embargo la situación este verano (para eso habrá que rogar que llueva), ya que las obras de conducción van a tardar 6 meses y estarán listas en Noviembre, cuando ya no sean necesarias. Mientras tanto, la depuradora del Prat, que es la que tiene que solucionar esa necesidad de forma definitiva con sus 60 hm3/año, estará lista en Abril de 2.009, antes de que vuelva a haber problemas.

La pregunta entonces es obvia: ¿para qué se hace el trasvase?, ¿para qué se tiran 180 millones a la basura?. Parece que el Gobierno de ZP quiera superar en todo al de Aznar. Si Aznar quería hacer un trasvase que sólo se utilizara uno de cada cuatro años, ZP quiere hacer uno que no se va a utilizar nunca...salvo que nos estén mientiendo, claro.

Yo no tengo más datos que los que ha aportado el Gobierno central; pero cuando ellos mismos se contradicen, no puedo evitar pensar que hay algo más que nos están ocultando.