Contra el viento. El blog de Ignacio Alvo

Lo malo y peligroso de hacer un mal diagnóstico es que las medidas, puede que no sólo no ayuden al enfermo, sino que lo empeoren. Esto es lo que está ocurriendo en la actual crisis con nuestro Gobierno.

La crisis tiene unas causas muy claras y que se pueden ver en el libro del Dr. Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, o en el que escribió hace 15 años el profesor Huerta de Soto. La política de bajos tipos de interés de los bancos centrales ha llevado a un endeudamiento masivo y a una sobreinversión en algunos sectores, principalmente el de la construcción, lo que ha puesto en peligro a todo el sistema bancario. Dicho de otro modo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora nos toca apretarnos el cinturón hasta que se deshagan las malas inversiones y se recupere el ahorro que permita nuevas inversiones. No ha habido un problema de poca regulación o supervisión, como demuestra el hecho de que la primera entidad en caer ha sido una Caja, bajo control político.

Se necesita por tanto más ahorro, no más gasto. Mientras no aumente el ahorro, y los bancos recuperen su posición de solvencia, no podrán volver a prestar a empresas y particulares. Esto es no sólo evidente sino necesario. Los bancos harían mal si volvieran a prestar masivamente antes de consolidar su posición, ya que esto les situaría nuevamente en riesgo de quiebra.

La buena noticia es que tanto particulares como empresas están haciendo precisamente lo que más falta hace: recortar gastos y aumentar espectacularmente la tasa de ahorro.

La mala noticia es que el Gobierno está haciendo justo lo contrario: en vez de apretarse también el cinturón, recortar gastos e incentivar el ahorro, se ha lanzado a una carrera desenfrenada de gasto que pone en peligro la recuperación de la economía.

La política de endeudamiento y déficit que está llevando a cabo el Gobierno tiene más consecuencias negativas de lo que podría parecer a primera vista:

1º/ El aumento de la deuda significa aumento de impuestos (actuales o futuros) y el aumento de cargas impositivas supone aumento del paro en el sector privado.

2º/ El aumento de la deuda pública supone que el poco crédito que existe disponible se dirige a financiar la deuda del Gobierno, en lugar de financiar a empresas y particulares. Una parte importante de los problemas que tienen las empresas para financiarse en la actualidad proviene del hecho de que el Gobierno está acaparando ese crédito para financiar su propio gasto.

3º/ El aumento de déficit desanima a posibles inversores extranjeros. Si un Gobierno acumula déficit, deberá pagarlo en el futuro con aumento de impuestos. Cualquier inversor preferirá, por lo tanto, instalarse en un país sin déficit o con un déficit pequeño que en un país con un gran déficit.  

Y lo peor, no es sólo lo mal que lo está haciendo, sino que todos los síntomas (desde la salida de Solbes del Gobierno, al último reparto de 11.000 millones a las Comunidades Autónomas) indican que va a perseverar en el error, garantizando no sólo que seamos el último país de la OCDE en salir de la crisis, sino poniendo incluso en peligro esa salida. Cuando salgamos de la crisis, lo habremos hecho con grandes sacrificios (nuestros, no del Gobierno), una enorme tasa de paro, y gracias a nuestro propio trabajo y esfuerzo. Lo habremos hecho... a pesar del Gobierno.

Estos días se está hablando bastante de reforma laboral gracias a la valentía del Gobernador del Banco de España, que no se ha callado como habría preferido el Gobierno que le nombró. Según parece, para el Gobierno en España no hay un problema de paro que exija tomar medidas estructurales y lo normal es resignarse a llegar a los 5 millones de parados y confiar en que el resto del mundo nos sacará en algún momento de la crisis. Tampoco la oposición parece muy entusiasmada con la reforma ya que sólo plantea que debería hacerse con el suficiente consenso, pero sin aclarar en qué debería consistir la reforma.

Lo que resulta evidente es que la economía española tiene su principal problema en el mercado laboral. Nuestra economía es incapaz de crear suficiente empleo en las épocas de expansión y lo destruye a gran velocidad en las recesiones. Para entender por qué, creo que conviene que nos comparemos con el resto de países de la eurozona. Entre estos, España es el segundo país en protección laboral, entendiendo por protección laboral los costes asociados al despido individual o colectivo y somos los primeros en paro y  en empleo temporal, además de los terceros en economía sumergida (por detrás de Grecia e Italia).

Los costes altos de despido tienden a crear mercados duales. Por una parte, los trabajadores con muchos años en sus puestos de trabajo se vuelven intocables, y por otra los trabajadores que carecen de ese blindaje legal tienen empleos muy precarios, carecen de derechos y soportan los riesgos de despido. Los empresarios tienen en cuenta esta dualidad y evitan que los trabajadores consoliden sus derechos, eligiendo modalidades contractuales temporales y despidiendo a los trabajadores antes de que consoliden sus derechos. El resultado es de locos: los empresarios despiden a trabajadores a los que querrían seguir contratando y deben mantener a otros a los que no mantendrían. Al mismo tiempo, los trabajadores que han consolidado su situación, no se atreven a cambiar de trabajo –aunque no les guste- por miedo a perder sus derechos. Es una situación que repercute de forma especialmente negativa en los jóvenes y que afecta también a la productividad de toda la economía.

En el polo opuesto en cuanto a tasa de paro y empleo temporal se encuentran los países anglosajones por una parte y Dinamarca y Austria, por otra, con un modelo conocido como “flexiguridad”. En los países anglosajones prima la libertad de contratación y de despido, lo que hace que el mercado laboral sea mucho más dinámico y activo. En Austria y Dinamarca el planteamiento es distinto, pero consigue un resultado muy parecido. En estos países, la indemnización por despido no la paga el empresario sino el Estado. Esto hace que los empresarios no tengan miedo de contratar a trabajadores o convertirlos en fijos, ya que no recaerá sobre ellos el coste del despido. Por otra parte, si un trabajador no utiliza en su vida laboral la indemnización por despido, al final de esa vida laboral se le permite consolidarla para aumentar su pensión.

Es posible que la adopción inmediata de este sistema de flexiguridad resulte imposible, porque en un momento de dificultad como este muchas empresas aprovecharían esa facilidad para quitarse trabajadores y el Estado no podría ahora hacerse cargo de ese coste, pero creo que un proceso gradual en el que el Estado fuera asumiendo progresivamente más días de indemnización, y en el que los nuevos contratados entraran ya con este sistema, sería muy positivo para acercarnos a esas tasas de paro del 5% que ahora nos parecen imposibles. Y lo que no consigo entender es la cerrazón de Gobierno y sindicatos para estudiar los modelos que mejor están funcionando. Esta política de avestruz, o cortoplacista, del actual Gobierno es, sin duda, responsable directa de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo que costará recuperar muchos años.   

Una característica muy frecuente del intervencionismo público es que su medicina, en vez de mejorar al enfermo, lo empeora de forma notable, aunque la cuantiosa partida de gastos en publicidad se encargue de vender las medidas como un gran éxito.

Como ejemplo de la eficacia de este tipo de medidas, el Profesor Carlos Rodríguez Braun suele citar el caso de los militares y la dictadura del General Primo de Rivera. El General estaba preocupado por los casos en que militares que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, veían embargadas sus viviendas y salarios, así que dictó una norma por la que los militares no podían ser embargados. El general se quedó muy contento…hasta el día siguiente en que los bancos decidieron no conceder ninguna hipoteca a militares. En estos casos, si el gobernante es inteligente y humilde, se da cuenta de su error y rectifica; si es torpe y orgulloso, se reafirma en su error y dicta nuevas normas para corregir “los problemas detectados en la aplicación de la norma” con lo que consigue empeorar los resultados anteriores. Un ejemplo de perseverancia en el error lo dio Roosevelt con su “New Deal”. A pesar de que lo vendió como un gran acierto, y que todos hemos estudiado que gracias a sus políticas se salió de la Gran Depresión, lo cierto es que fueron esas políticas las que retrasaron ¡10 años! la recuperación, convirtiendo una crisis más en la Gran Depresión.

 La situación actual de la construcción no es muy diferente: ha habido una burbuja especulativa motivada por una restricción artificial de la oferta de suelo y nos encontramos ahora con un parque de unas 700.000 viviendas nuevas sin vender. El único modo de que la construcción vuelva a funcionar a un ritmo normal de 400-500.000 viviendas por año, es que durante dos años se construya mucho menos y se dé salida a ese exceso de viviendas.

Sin embargo, la Ministra de Vivienda ha decidido que, con cargo al Presupuesto y nuestros impuestos, ella va a acabar con la crisis, y lo va a hacer destinando 300 millones de euros a la compra de terrenos para construir VPOs. El resultado de todo esto es bastante previsible: si se construyen VPOs, las promotoras no podrán vender sus viviendas, por lo que en vez de dos, pasarán tres o cuatro años hasta que se reduzca el parque de viviendas, y las promotoras acometan nuevas obras. La diferencia es que si para muchas iba a ser difícil resistir dos años sin poder vender sus viviendas y así reducir sus deudas con los bancos, ahora será casi imposible. Esta medida condena a una gran mayoría de promotoras e inmobiliarias con parque de viviendas a la quiebra. Como de costumbre, la medida intervencionista mata al enfermo en vez de curarle, aunque no faltará la publicidad para convencernos de que gracias al Gobierno, estamos mucho mejor.   

Uno de los principales problemas a la hora de afrontar los problemas de nuestra sociedad se encuentra en la manipulación y tergiversación del lenguaje. Hay muchos ejemplos, pero hoy quiero referirme al de los piquetes “informativos” de huelga. Para cualquiera que sea mínimamente objetivo está claro que los piquetes de los sindicatos (o de los empresarios estos días) no se limitan a “informar”, salvo que demos a este término el mismo sentido que la mafia siciliana le da al término “protección”. Los piquetes informan, coaccionan, intimidan y cuando todo esto no funciona, agraden, rompen, destrozan y dan palizas. Hoy, sin ir más lejos, tenemos a un camionero debatiéndose entre la vida y la muerte al haber sido quemado dentro de su camión por el “delito” de no unirse a la huelga.

Sinceramente, creo que es momento de coger el toro por los cuernos en este tema y regular el derecho de huelga, para que sea un derecho y no una obligación.

Estoy de acuerdo en que los sindicatos tienen derecho a informar de sus reivindicaciones y las razones por las que creen que una huelga está justificada, pero su derecho es sólo a informar, nunca a intimidar. Esa información deja de serlo cuando se hace en grupo frente a un indefenso trabajador. En un Estado de Derecho nadie debe estar sometido a esta forma de coacción.

En este sentido, creo que los piquetes deben ser lisa y llanamente prohibidos, y que se deben facilitar cauces para que la información de los sindicatos llegue sin distorsiones a los trabajadores.

Estos cauces podrían incluir desde facilitar un tiempo en las televisiones y radios públicas, a que los sindicatos, dentro de sus cuantiosas subvenciones públicas, dediquen algo de dinero a hacer los correspondientes anuncios en prensa para hacer llegar sus reivindicaciones.

En cualquier caso, la decisión de hacer huelga debe ser personal de cada trabajador, nunca impuesta desde la coacción, ni tampoco se debe permitir la búsqueda intencionada del perjuicio ajeno para conseguir las prebendas del poder público.

Hay muchas personas que critican a los empresarios por pagar sueldos bajos o por tener “excesivos beneficios”. Cuando leo o escucho este tipo de críticas, siempre me viene a la cabeza esta pregunta: ¿y por qué no te haces tú empresario?. Si tan bajos te parecen los sueldos, monta tu propia empresa y paga los sueldos que estimes más justos; y si tanta envidia tienes de sus beneficios, ¿qué te impide intentar alcanzar tú esos beneficios?, así –si eres capaz de generarlos- podrás destinarlos al fin que te parezca mejor.

Hacerse empresario es una opción libre, está abierta a todo el mundo. No hace falta aprobar unas oposiciones, ni tener unos estudios, ni tampoco contar con grandes capitales, por lo que no entiendo a las personas que hacen este tipo de comentarios. En una sociedad de servicios como la nuestra hay millones de autónomos que desarrollan su actividad por cuenta propia. Y una buena parte de ellos lo hacen tan bien que son capaces de crecer y dar trabajo a otras personas.

La clave de ser empresario es ser capaz de ofrecer un producto o servicio que sea demandado por los consumidores, y por el que ellos estén dispuestos a pagar un dinero que permita sostener la empresa, hacer frente a las obligaciones fiscales y pagar los sueldos de las personas que trabajan en la empresa.

Se equivocan totalmente los que piensan que en el libre mercado son las grandes empresas las que dictan las reglas. Somos cada uno de los millones de pequeños o grandes consumidores los que con nuestras acciones decidimos el éxito o el fracaso de las empresas. Y el empresario está obligado a conocer los deseos de sus clientes, o anticiparse a ellos, si quiere sobrevivir.

En cuanto a los beneficios, ellos son la recompensa y la medida de que la empresa está sirviendo de un modo satisfactorio las necesidades de sus clientes. No entiendo que haya algo como "excesivos beneficios" en una empresa del mismo modo que no hay "excesiva salud" en una persona. Si los beneficios en un sector o empresa son altos, servirán de incentivo para que otras empresas entren en el sector, aumentando así la competencia.

No digo que todo el mundo tenga que ser empresario. Es una opción vital tan digna como ser soldador, médico, celador o abogado del Estado. Pero tiene poco sentido que se critique con esa carga de envidia cuando el que lo critica podría ser empresario si quisiera.

Por último, y aunque no sea exactamente el mismo tema, me gustaría reflexionar sobre cómo sería el sector público si estuviera sometido al libre mercado. ¿Podemos imaginar que la Administración tuviera que competir por ofrecernos el mejor servicio al mejor precio?, ¿Que nos dijeran como dice El Corte Inglés “y si no le convence, le devolvemos el dinero”? ¿Que cuando le bajan sus ingresos como ahora con la vivienda, tuviera que ajustar sus gastos –como hacemos en las empresas- en vez de  pasarle el problema al sector privado subiéndole los impuestos? Sé que es soñar, pero me pregunto por qué los demás tenemos que competir, mientras la Administración goza de una situación de monopolio, y además nos traslada a los demás sus problemas cuando los tiene.

Estos días ha habido bastante polémica con el famoso canon digital que nos considera delincuentes preventivos y que para mí es una aberración. Si uno sólo se fija en los titulares parece que el PSOE está a favor y el PP en contra. De hecho, Rajoy cree haber encontrado un filón de apoyo entre los jóvenes y abre su página web con un contador de los días, horas, minutos y segundos que quedan para eliminar el canon digital....si gana, claro.

La realidad, sin embargo, es bastante más triste: lo que el PP pretende no es eliminar el canon sino "sustituirlo por otras compensaciones a través de la creación de una Agencia Española de la Propiedad Intelectual." Resumiendo, el PP sólo pretende cambiar una tasa por un impuesto; lo que mi admirado Carlos Rodríguez Braun llama trilerismo fiscal. En vez de pagar el canon al comprar informática, lo pagaremos en el IRPF. Nuevamente la opción no es entre un partido intervencionista y otro liberal, sino entre el partido intervencionista de la izquierda y el partido intervencionista de la derecha. ¿Y para esto tanta movida?

El resultado este  domingo de las votaciones en Venezuela ha sido una sorpresa –muy agradable- para mí.

Tuve ocasión de viajar a Venezuela por trabajo un par de veces hace algo más de diez años y lo que ví no me gustó. Venezuela es un país increíblemente rico: tiene petróleo, oro, aluminio, pesca y una situación geográfica envidiable, pero eso –más que una bendición- ha sido una maldición para los venezolanos. Los distintos gobiernos que ha tenido Venezuela han utilizado las riquezas del país para enriquecerse ellos mismos y para comprar voluntades y así los venezolanos se han acostumbrado a  que sea el Estado el que les tenga que dar todo.

Cuando visité Venezuela, los síntomas de esta corrupción moral estaban por todas partes. Cuando uno se alejaba del centro de Caracas y se internaba por los distritos más pobres que rodean la capital, veía sobre la cabeza una red de cables que asemejaban una tela de araña: eran conexiones piratas que cada vecino se tomaba de la red principal. De este modo todo el mundo tenía la electricidad gratis y ningún inspector se atrevía a intervenir. La gasolina estaba subvencionada y el litro se pagaba a 5 céntimos de euro. Cuando un gobierno intentó subir el precio a 8 céntimos para que, por lo menos, cubriera los costes de extracción, le montaron una revuelta y el gobierno dio marcha atrás. En una visita al puerto de la Guaira, me explicaron que allí los sindicatos de estibadores tenían el “derecho de vistas”. Esto significa que los sindicalistas eran los únicos autorizados a descargar los barcos y si una empresa quería utilizar a otras personas para la descarga, podían hacerlo, pero debían pagar el sueldo de los sindicalistas que hubieran debido hacerlo. Estos, a su vez, tenían el derecho a presenciar cómo se hacía la descarga –el derecho de vistas-. Normalmente compensaba que el trabajo lo hiciera tu propia gente y pagar dos sueldos, porque se hacía mucho más rápido.

El camino que ha iniciado Chávez en Venezuela no es, por tanto, una ruptura sino una evolución de lo que ya ocurría en el país. Igual que en la Alemania que nos describe Hayek en “Camino de servidumbre”, aquí las ideas liberales habían desaparecido hace mucho tiempo y eran las socialistas las que triunfaban. Y del mismo modo que sólo fue cuestión de tiempo que en Alemania apareciera Hitler para avanzar más en el socialismo –en su caso nacionalsocialismo-, también fue cuestión de tiempo que apareciera Chávez en esa misma línea con su socialismo bolivariano.

Sin embargo, este domingo los venezolanos han demostrado que aún queda esperanza. A pesar de que apenas quedan medios de comunicación libres, a pesar de las voluntades compradas con el petróleo, a pesar de que los opositores se enfrentan a la amenaza de cárcel, o incluso la muerte a manos de los matones de Chávez. A pesar de todo, Venezuela le ha dicho ¡No! al dictador. Y han sido los estudiantes los que se han rebelado contra la dictadura. El camino hacia la libertad no es fácil, pero aún hay esperanza.

El aumento de precios de los cereales supone una magnífica oportunidad para que la agricultura europea regrese al lugar de donde nunca debió salir: el libre mercado

El sistema europeo es de locos: una maraña de prohibiciones, subvenciones, limitaciones a la producción, penalizaciones por exceso de producción, subvenciones por dejar de producir, aranceles, cuotas, contingentes, prevelaments, etc.

Es prácticamente imposible que un agricultor se conozca la cambiante y mastodóntica normativa europea al respecto, que lo único que ha conseguido es convertir a profesionales de la agricultura en profesionales de la subvención. Dedican sus capacidades y esfuerzos no a producir y buscar la mayor rentabilidad, sino a buscar la subvención y presionar a sus gobiernos para que estas aumenten o, por lo menos, no disminuyan.

Lo que propongo es muy simple: eliminar todas las subvenciones y prohibiciones agrícolas y que los gobiernos renuncien también a la demagógica medida de realizar importaciones masivas para reducir los precios.

Las causas de la subida de precio de los cereales –aunque agravadas por la irracional política europea- tienen una base económica en el aumento de demanda de China y la India que están mejorando su alimentación y necesitan cereales para producir carne (3 kilos de cereal por cada kilo de carne). Por lo tanto es previsible que los precios se mantengan en el tiempo a niveles de una interesante rentabilidad económica.

La eliminación de trabas y prohibiciones permitiría que fueran los propios agricultores –y no un eurócrata en Bruselas- los que decidieran qué producciones cultivar y en qué extensiones en base a una razonable expectativa de beneficio. Los agricultores –aplicadores de cultura a la tierra- recuperarían así la dignidad que nunca debieron perder de ganarse el sustento con su propio esfuerzo, de ser empresarios que toman sus decisiones en base al único indicador de rentabilidad económica que se ha demostrado eficaz: los precios.

Este aumento de la producción beneficiaría también a los consumidores que pagarían precios de mercado libre por los alimentos, en vez de pagarlos mucho más caros vía impuestos, regulaciones y prohibiciones.

La apertura de mercados sería, por último, el mejor acicate para el desarrollo de los países más pobres del mundo, principalmente de Africa, frente a las inútiles ayudas tipo 0,7% que sólo sirven para engordar dictadores. Esa política de enviar ayuda pero impedirles competir con nosotros demuestra el trasfondo profundamente racista de los planteamientos llamados progresistas y que en aras de la precisión del lenguaje deberíamos llamar simplemente intervencionistas o socialistas.

En general las normas intervencionistas se pueden clasificar en dos grandes grupos: las inútiles y las perniciosas. Desgraciadamente la propuesta de las Juventudes Socialistas se incluye en el segundo grupo y, como casi siempre, perjudica al grupo al que teóricamente pretende ayudar.

La cuestión es muy simple: el mercado laboral –aunque intervenido- es un mercado en el que los empleadores tienen básicamente las siguientes opciones: contratar mano de obra, invertir en equipos y tecnología para aumentar la productividad reduciendo la contratación de mano de obra o adquirir bienes o servicios alternativos dentro o fuera de ese mercado. Si se eleva artificialmente el coste de una de las alternativas, la consecuencia inmediata es que se contratará menos mano de obra sin cualificar o sin experiencia y aumentará la inversión en equipos y tecnología por una parte y la importación de bienes y servicios de países más competitivos (fundamentalmente China) por otro.

Es decir, que si la propuesta de las Juventudes Socialistas sale adelante, miles de jóvenes se quedarán en el paro y no podrán adquirir la experiencia y formación necesaria para que un empleador les quiera pagar 1.000 o 1.500 euros por su trabajo.

A aquellos intervencionistas a los que el razonamiento anterior les resulte algo complejo, me permito preguntarles, ¿y por qué no proponen un sueldo mínimo de 2.000 o 3.000 euros?, o, mejor aún ¿por qué no combinamos la propuesta de Juventudes Socialistas con las de ERC e IU de sueldo sin trabajar y ponemos un sueldo mínimo de 3.000 euros sin necesidad de trabajar? Quizás a algún socialista un poco más avispado se le ocurra que alguien tendrá que trabajar para pagar todo eso…Y es que esa es la madre del cordero. El Estado y su generosísimo Gobierno no nos da nada que antes no nos haya quitado. Las manos que nos echa van siempre a nuestra cartera o a nuestro cuello.

Por eso les pido, por favor, dejen de “ayudarnos”.

P.S. La propuesta en concreto era la de establecer el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros/mes.