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Contra el viento. El blog de Ignacio Alvo

Liberalismo

Las reformas pendientes: Legislación Laboral

La reforma laboral del PP ha sido positiva pero incompleta. Ha dado mayor libertad a las empresas, pero no a los trabajadores y no ha acabado con la dualidad del sistema. Si de verdad queremos acabar con el paro, hay que ser más valientes y fijarse en los que mejor lo hacen. En nuestro entorno, estos son sin duda los que están aplicando el sistema de “flexiguridad” (Dinamarca,  Austria y Noruega). El principio es sencillo: Una parte de lo que el empresario paga de seguros sociales va a una especie de “mochila” del trabajador, que le acompaña a lo largo de su vida laboral. Si la empresa despide al trabajador, no paga directamente la indemnización, sino que se utiliza la “mochila”, que ha ido engordando a lo largo de la vida laboral del trabajador. Si un trabajador quiere cambiar de puesto de trabajo, se lleva su “mochila” con él.

Ahora mismo, en España hay muchos trabajadores a disgusto en su puesto de trabajo que querrían probar algo mejor y más adecuado, pero no lo hacen porque pierden su derecho a indemnización. Del mismo modo, el empresario no se queda con los mejores trabajadores sino con aquellos a los que no puede despedir porque su indemnización es demasiado elevada, pagando el pato los trabajadores jóvenes o con menor antigüedad. 

Con el sistema danés, esto no ocurre. El trabajador es libre para intentar cosas mejores y el empresario retiene a los mejores trabajadores, además de desaparecer el miedo a contratar. Por otra parte, al acabar su vida laboral la “mochila” que acompaña al trabajado, se añade a su pensión, aumentando la motivación para no usarla durante su vida laboral.

Necesitamos dinamizar la economía, aprovechar todo el talento, no sólo el de los empresarios sino también el de los trabajadores, alinear los objetivos generales (que aumente la productividad) con los incentivos personales (trabajo más o busco un mejor trabajo porque me interesa) y crecer de verdad, acabando con esta lacra insoportable del paro. No es fácil ni sencillo y algo hemos avanzado, pero hay que hacer mucho más.

Las reformas pendientes

A lo largo de una serie de artículos quiero plasmar las reformas que considero más importantes para que nuestro país salga adelante y tenga un futuro mejor que el que ahora se atisba. Parto para ello de tres ideas básicas en las que creo: 

1º/ Normalmente no es necesario inventar: basta con copiar adecuadamente lo mejor de aquellas sociedades que lo están haciendo mejor que nosotros, adaptándolo a nuestras circunstancias. Esto exige, por supuesto, un análisis en detalle de por qué un modelo funciona en unos sitios y en otros no. Si pensamos por ejemplo en la Educación y en Finlandia, algunos se fijarán en que las escuelas son abrumadoramente públicas; otros en que a pesar de ser públicas, compiten entre ellas y los fondos que obtienen dependen de sus resultados; otros en fin en que los profesores no son funcionarios, tienen un enorme prestigio social, necesitan una altísima nota para convertirse en profesores, y se invierte mucho en su formación continua. Si sólo nos fijáramos en que en Finlandia la escuela es pública, no entenderíamos por qué allí funciona y por qué aquí la escuela pública obtiene peores resultados que la concertada, a pesar de recibir más fondos por alumno.

2º/ Los incentivos deben estar alineados con los objetivos. Esto, que parece muy evidente, no es tan habitual y es la principal causa de que fracasen las políticas públicas. 

3º/ La política del avestruz, de intentar cerrar fronteras y quedarse al margen del mundo, no funciona. Las políticas proteccionistas y de subsidio llevan a una pobreza generalizada. Desde Aragón podemos y debemos competir a nivel global. Desde el orgullo y la autoestima, aunque sin desconocer nuestras carencias, debemos levantar la cabeza, mirar de frente a nuestro futuro y luchar para que Aragón sea una tierra de prosperidad y oportunidades para nuestros hijos.


La riqueza de las naciones. Creo que cualquier observador inteligente se da cuenta de que la riqueza de una nación no depende de sus materias primas, ni de su riqueza pasada, aunque los dos factores puedan ayudar. Argentina es un país más rico y con mayor riqueza acumulada que Chile, pero su presente y futuro es mucho más incierto que el de su vecino más pobre. Del mismo modo, Venezuela es un país increíblemente rico no sólo en petróleo, sino en oro, aluminio y muchas otras materias primas. Sin embargo, su gobierno está llevando al país a la quiebra y la pobreza. 

Los tres elementos básicos para la prosperidad de una nación son la seguridad jurídica (Estado de Derecho), la formación y preparación de sus habitantes y un ambiente predispuesto al éxito empresarial (libertad económica). En Aragón y España disponemos de una razonable seguridad jurídica -aunque la corrupción sea un lastre- y pertenecemos a la Unión Europea, lo que garantiza un cierto nivel de libertad económica, aunque esta sea muy mejorable y posiblemente sea en el ámbito de la formación donde nuestras carencias son más evidentes. 

En los siguientes artículos quiero tratar las reformas pendientes en los ámbitos de legislación laboral, impuestos, educación, justicia, investigación, pensiones, sanidad y energía. Son cuestiones de las que dependen nuestro presente y futuro, y en las que el tancredismo, el miedo al cambio, o la defensa de privilegios inaceptables, sólo puede llevarnos a la mediocridad y el retraso.

Dado que nuestro mayor problema es el del paro, empezaré con la reforma laboral.

Como pollos sin cabeza

Esta es la sensación que el Gobierno ha dado durante las últimas semanas. Lo que decía el Presidente por la mañana lo cambiaba por la tarde, lo que decía la Vicepresidenta de Economía era invariablemente desmentido al poco tiempo y hasta lo publicado en el B.O.E. se corregía sin ningún sonrojo. Es difícil que un Gobierno pueda hacerlo peor.

Y, sin embargo, no estamos peor que hace un mes. Ahora, por lo menos, el Gobierno se ha enterado de que no puede seguir gastando sin límites y que es el propio Gobierno el principal obstáculo para la recuperación. Ahora bien, no ha sido el sentido de Estado o la responsabilidad de nuestros gobernantes los que han operado el milagro. Han sido los mercados (benditos, salvadores mercados) los que han motivado el cambio de rumbo del Gobierno. Y lo han hecho de un modo muy sencillo: negándose a comprar más deuda de este Gobierno porque tenían la duda razonable de si al vencimiento de la misma les iban a poder pagar. Por eso no es de extrañar el tremendo enfado del dialogante Zapatero contra los mercados. ¿Cómo se atreven a no creerle y a no comprar su deuda?. Todo el aparato de propaganda y subvenciones de este Gobierno se ha venido abajo por insostenible y Zapatero ha quedado al descubierto. Ahora intenta convencernos de que todo forma parte de un plan ideado desde el principio de la crisis (¿los 5 millones de parados también?), pero ya es tarde: todos hemos visto como su teatrillo se ha venido abajo.

Aun así, repito, estamos mejor que hace un mes. Es normal que cuando nos diagnostican un cáncer se nos venga el mundo encima, pero lo verdaderamente peligroso era la situación anterior. El cáncer estaba y el médico lo sabía, pero no quería decirlo ni tomar ninguna medida. Si ahora las medidas tienen que ser mucho más drásticas, habrá que pedir responsabilidades a ese médico irresponsable.

Respecto a las propias medidas, esa irresponsabilidad del Gobierno las ha convertido en más difíciles. Si el Gobierno no se hubiera embarcado en su desenfrenada espiral de gasto, ahora no habría hecho falta ni congelar las pensiones ni reducir el sueldo a los funcionarios. Y además el Gobierno sigue sin meter la tijera a sus juguetes preferidos: las subvenciones a sindicatos y actores, los Ministerios de Igualdad y Vivienda, Televisión Española, el PER (que, de hecho, ha sido aumentado), etc. Pero ahora por lo menos ya parece tener claro que hay que reducir el gasto público. Y esto no sólo no va a retrasar la recuperación, sino que va a permitir que se produzca. Si conseguimos que durante esta crisis se reduzca el tamaño del Estado, nos situaremos en condiciones de salir de verdad de la crisis creciendo y creando empleo.

Seguimos teniendo el peor Gobierno de Europa, pero ahora por lo menos, y aunque sea a trancas y a barrancas, vamos en la dirección adecuada. Esperemos que dure.

 

A pesar del Gobierno…

 

Lo malo y peligroso de hacer un mal diagnóstico es que las medidas, puede que no sólo no ayuden al enfermo, sino que lo empeoren. Esto es lo que está ocurriendo en la actual crisis con nuestro Gobierno.

La crisis tiene unas causas muy claras y que se pueden ver en el libro del Dr. Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, o en el que escribió hace 15 años el profesor Huerta de Soto. La política de bajos tipos de interés de los bancos centrales ha llevado a un endeudamiento masivo y a una sobreinversión en algunos sectores, principalmente el de la construcción, lo que ha puesto en peligro a todo el sistema bancario. Dicho de otro modo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora nos toca apretarnos el cinturón hasta que se deshagan las malas inversiones y se recupere el ahorro que permita nuevas inversiones. No ha habido un problema de poca regulación o supervisión, como demuestra el hecho de que la primera entidad en caer ha sido una Caja, bajo control político.

Se necesita por tanto más ahorro, no más gasto. Mientras no aumente el ahorro, y los bancos recuperen su posición de solvencia, no podrán volver a prestar a empresas y particulares. Esto es no sólo evidente sino necesario. Los bancos harían mal si volvieran a prestar masivamente antes de consolidar su posición, ya que esto les situaría nuevamente en riesgo de quiebra.

La buena noticia es que tanto particulares como empresas están haciendo precisamente lo que más falta hace: recortar gastos y aumentar espectacularmente la tasa de ahorro.

La mala noticia es que el Gobierno está haciendo justo lo contrario: en vez de apretarse también el cinturón, recortar gastos e incentivar el ahorro, se ha lanzado a una carrera desenfrenada de gasto que pone en peligro la recuperación de la economía.

La política de endeudamiento y déficit que está llevando a cabo el Gobierno tiene más consecuencias negativas de lo que podría parecer a primera vista:

1º/ El aumento de la deuda significa aumento de impuestos (actuales o futuros) y el aumento de cargas impositivas supone aumento del paro en el sector privado.

2º/ El aumento de la deuda pública supone que el poco crédito que existe disponible se dirige a financiar la deuda del Gobierno, en lugar de financiar a empresas y particulares. Una parte importante de los problemas que tienen las empresas para financiarse en la actualidad proviene del hecho de que el Gobierno está acaparando ese crédito para financiar su propio gasto.

3º/ El aumento de déficit desanima a posibles inversores extranjeros. Si un Gobierno acumula déficit, deberá pagarlo en el futuro con aumento de impuestos. Cualquier inversor preferirá, por lo tanto, instalarse en un país sin déficit o con un déficit pequeño que en un país con un gran déficit.  

Y lo peor, no es sólo lo mal que lo está haciendo, sino que todos los síntomas (desde la salida de Solbes del Gobierno, al último reparto de 11.000 millones a las Comunidades Autónomas) indican que va a perseverar en el error, garantizando no sólo que seamos el último país de la OCDE en salir de la crisis, sino poniendo incluso en peligro esa salida. Cuando salgamos de la crisis, lo habremos hecho con grandes sacrificios (nuestros, no del Gobierno), una enorme tasa de paro, y gracias a nuestro propio trabajo y esfuerzo. Lo habremos hecho... a pesar del Gobierno.

 

La -necesaria- reforma laboral

 

Estos días se está hablando bastante de reforma laboral gracias a la valentía del Gobernador del Banco de España, que no se ha callado como habría preferido el Gobierno que le nombró. Según parece, para el Gobierno en España no hay un problema de paro que exija tomar medidas estructurales y lo normal es resignarse a llegar a los 5 millones de parados y confiar en que el resto del mundo nos sacará en algún momento de la crisis. Tampoco la oposición parece muy entusiasmada con la reforma ya que sólo plantea que debería hacerse con el suficiente consenso, pero sin aclarar en qué debería consistir la reforma.

Lo que resulta evidente es que la economía española tiene su principal problema en el mercado laboral. Nuestra economía es incapaz de crear suficiente empleo en las épocas de expansión y lo destruye a gran velocidad en las recesiones. Para entender por qué, creo que conviene que nos comparemos con el resto de países de la eurozona. Entre estos, España es el segundo país en protección laboral, entendiendo por protección laboral los costes asociados al despido individual o colectivo y somos los primeros en paro y  en empleo temporal, además de los terceros en economía sumergida (por detrás de Grecia e Italia).

Los costes altos de despido tienden a crear mercados duales. Por una parte, los trabajadores con muchos años en sus puestos de trabajo se vuelven intocables, y por otra los trabajadores que carecen de ese blindaje legal tienen empleos muy precarios, carecen de derechos y soportan los riesgos de despido. Los empresarios tienen en cuenta esta dualidad y evitan que los trabajadores consoliden sus derechos, eligiendo modalidades contractuales temporales y despidiendo a los trabajadores antes de que consoliden sus derechos. El resultado es de locos: los empresarios despiden a trabajadores a los que querrían seguir contratando y deben mantener a otros a los que no mantendrían. Al mismo tiempo, los trabajadores que han consolidado su situación, no se atreven a cambiar de trabajo –aunque no les guste- por miedo a perder sus derechos. Es una situación que repercute de forma especialmente negativa en los jóvenes y que afecta también a la productividad de toda la economía.

En el polo opuesto en cuanto a tasa de paro y empleo temporal se encuentran los países anglosajones por una parte y Dinamarca y Austria, por otra, con un modelo conocido como “flexiguridad”. En los países anglosajones prima la libertad de contratación y de despido, lo que hace que el mercado laboral sea mucho más dinámico y activo. En Austria y Dinamarca el planteamiento es distinto, pero consigue un resultado muy parecido. En estos países, la indemnización por despido no la paga el empresario sino el Estado. Esto hace que los empresarios no tengan miedo de contratar a trabajadores o convertirlos en fijos, ya que no recaerá sobre ellos el coste del despido. Por otra parte, si un trabajador no utiliza en su vida laboral la indemnización por despido, al final de esa vida laboral se le permite consolidarla para aumentar su pensión.

Es posible que la adopción inmediata de este sistema de flexiguridad resulte imposible, porque en un momento de dificultad como este muchas empresas aprovecharían esa facilidad para quitarse trabajadores y el Estado no podría ahora hacerse cargo de ese coste, pero creo que un proceso gradual en el que el Estado fuera asumiendo progresivamente más días de indemnización, y en el que los nuevos contratados entraran ya con este sistema, sería muy positivo para acercarnos a esas tasas de paro del 5% que ahora nos parecen imposibles. Y lo que no consigo entender es la cerrazón de Gobierno y sindicatos para estudiar los modelos que mejor están funcionando. Esta política de avestruz, o cortoplacista, del actual Gobierno es, sin duda, responsable directa de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo que costará recuperar muchos años.   

 

¿Qué es el liberalismo para mí?

Para mí, el liberalismo es, sobre todo, considerar que los derechos del individuo, de la persona, están por encima de los del Estado o de la colectividad; que hay espacios de libertad que el Estado no puede nunca invadir. Que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Que las personas son ciudadanos y no súdbitos y que el Estado debe limitarse a sí mismo -o ser limitado- para no invadir los espacios de libertad de las personas.

 

Liberalismo es defender el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Que las reglas del juego sean conocidas y se respeten; que el Estado o el Gobierno no pueda cambiarlas a su antojo a mitad de partido para favorecer a determinados grupos de presión o de intereses frente al resto.

 

Liberalismo significa que hay derechos de la persona que no pueden ser conculcados por la mayoría. El hecho de que un gobierno haya llegado al poder por medio de las urnas no justifica que pueda hacer cualquier cosa, como bien sabemos los que recordamos las atrocidades del nacional-socialismo y del socialismo real.

 

Liberalismo es considerar que los ciudadanos son adultos y responsables de sus decisiones: no son ni idiotas ni niños. Es muy habitual por parte de los intervencionistas justificarse en que “en realidad la gente no sabe lo que quiere” o les trata como a niños a los que hay que prohibir todo. Liberalismo supone que las personas dejen de buscar contínuamente el apoyo y el beneficio del Estado y asuman su propio destino.

 

Liberalismo es amar la diversidad y no suponer ni juzgar que hay una única solución para cada problema que debe ser impuesta a todos. Gracias también a que hay personas discordantes, diferentes, con puntos de vista distintos a la mayoría la humanidad avanza. Mientras no perjudique a otros, no debe ser prohibido ni regulado.

 

Liberalismo es aceptar la propiedad privada porque es el reconocimiento al propio esfuerzo y trabajo y la base de los demás derechos.

 

Liberalismo es, para mí, amar la verdad, frente a otros que aman la utopía, aunque esa utopía lleve indefectiblemente en su ser la semilla del mal.

 

Liberalismo es, también, defender la libertad de comercio. Defender el derecho que tienen todas las personas -sean estas chinas, africanas o sudamericanas- a desarrollarse, a trabajar y a comerciar con el fruto de su trabajo, sin que los grupos de presión y los gobiernos de los países desarrollados se lo impidan con su habitual hipocresía.

 

Liberalismo es en definitiva, para mí, quitar la opresión que el Estado intervencionista y prohibicionista ejerce sobre las personas. Liberalismo es permitir que las personas puedan decidir sobre los ámbitos más fundamentales de su vida como es la educación de sus hijos, el idioma en el que ellos y sus hijos quieren hablar, el lugar donde quieren vivir o el uso que quieren dar al fruto de su trabajo. Liberalismo es reducir el tamaño del Estado para que la sociedad y las personas puedan desarrollarse y respirar. Liberalismo es permitir que las personas en los países pobres puedan comerciar y progresar. Liberalismo es -como decía Churchill- que una llamada a las 6 de la mañana sólo pueda ser el lechero. Liberalismo es saberse minoría, pero estar acompañado por muchas de las mentes más lúcidas de los dos últimos siglos. Liberalismo es, en resumen, intentar que un rayo de luz penetre los gruesos cortinajes de las verdades establecidas y lo políticamente correcto.

Intervencionismo en vivienda: perseverar en el error

Intervencionismo en vivienda: perseverar en el error

Una característica muy frecuente del intervencionismo público es que su medicina, en vez de mejorar al enfermo, lo empeora de forma notable, aunque la cuantiosa partida de gastos en publicidad se encargue de vender las medidas como un gran éxito.

 

Como ejemplo de la eficacia de este tipo de medidas, el Profesor Carlos Rodríguez Braun suele citar el caso de los militares y la dictadura del General Primo de Rivera. El General estaba preocupado por los casos en que militares que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, veían embargadas sus viviendas y salarios, así que dictó una norma por la que los militares no podían ser embargados. El general se quedó muy contento…hasta el día siguiente en que los bancos decidieron no conceder ninguna hipoteca a militares. En estos casos, si el gobernante es inteligente y humilde, se da cuenta de su error y rectifica; si es torpe y orgulloso, se reafirma en su error y dicta nuevas normas para corregir “los problemas detectados en la aplicación de la norma” con lo que consigue empeorar los resultados anteriores. Un ejemplo de perseverancia en el error lo dio Roosevelt con su “New Deal”. A pesar de que lo vendió como un gran acierto, y que todos hemos estudiado que gracias a sus políticas se salió de la Gran Depresión, lo cierto es que fueron esas políticas las que retrasaron ¡10 años! la recuperación, convirtiendo una crisis más en la Gran Depresión.

 

 La situación actual de la construcción no es muy diferente: ha habido una burbuja especulativa motivada por una restricción artificial de la oferta de suelo y una política de bajos tipos de interés y nos encontramos ahora con un parque de unas 700.000 viviendas nuevas sin vender. El único modo de que la construcción vuelva a funcionar a un ritmo normal de 400-500.000 viviendas por año, es que durante dos años se construya mucho menos y se dé salida a ese exceso de viviendas.

 

Sin embargo, la Ministra de Vivienda ha decidido que, con cargo al Presupuesto y nuestros impuestos, ella va a acabar con la crisis, y lo va a hacer destinando 300 millones de euros a la compra de terrenos para construir VPOs. El resultado de todo esto es bastante previsible: si se construyen VPOs, las promotoras no podrán vender sus viviendas, por lo que en vez de dos, pasarán tres o cuatro años hasta que se reduzca el parque de viviendas, y las promotoras acometan nuevas obras. La diferencia es que si para muchas iba a ser difícil resistir dos años sin poder vender sus viviendas y así reducir sus deudas con los bancos, ahora será casi imposible. Esta medida condena a una gran mayoría de promotoras e inmobiliarias con parque de viviendas a la quiebra. Como de costumbre, la medida intervencionista mata al enfermo en vez de curarle, aunque no faltará la publicidad para convencernos de que gracias al Gobierno, estamos mucho mejor.   

Piquetes ¿informativos…?. Llamemos a las cosas por su nombre.

Piquetes ¿informativos…?. Llamemos a las cosas por su nombre.

Uno de los principales problemas a la hora de afrontar los problemas de nuestra sociedad se encuentra en la manipulación y tergiversación del lenguaje. Hay muchos ejemplos, pero hoy quiero referirme al de los piquetes “informativos” de huelga. Para cualquiera que sea mínimamente objetivo está claro que los piquetes de los sindicatos (o de los empresarios estos días) no se limitan a “informar”, salvo que demos a este término el mismo sentido que la mafia siciliana le da al término “protección”. Los piquetes informan, coaccionan, intimidan y cuando todo esto no funciona, agraden, rompen, destrozan y dan palizas. Hoy, sin ir más lejos, tenemos a un camionero debatiéndose entre la vida y la muerte al haber sido quemado dentro de su camión por el “delito” de no unirse a la huelga.

Sinceramente, creo que es momento de coger el toro por los cuernos en este tema y regular el derecho de huelga, para que sea un derecho y no una obligación.

Estoy de acuerdo en que los sindicatos tienen derecho a informar de sus reivindicaciones y las razones por las que creen que una huelga está justificada, pero su derecho es sólo a informar, nunca a intimidar. Esa información deja de serlo cuando se hace en grupo frente a un indefenso trabajador. En un Estado de Derecho nadie debe estar sometido a esta forma de coacción.

En este sentido, creo que los piquetes deben ser lisa y llanamente prohibidos, y que se deben facilitar cauces para que la información de los sindicatos llegue sin distorsiones a los trabajadores.

Estos cauces podrían incluir desde facilitar un tiempo en las televisiones y radios públicas, a que los sindicatos, dentro de sus cuantiosas subvenciones públicas, dediquen algo de dinero a hacer los correspondientes anuncios en prensa para hacer llegar sus reivindicaciones.

En cualquier caso, la decisión de hacer huelga debe ser personal de cada trabajador, nunca impuesta desde la coacción, ni tampoco se debe permitir la búsqueda intencionada del perjuicio ajeno para conseguir las prebendas del poder público.

 

 

 

 

 

¿Y por qué no te haces empresario?

¿Y por qué no te haces empresario?

Hay muchas personas que critican a los empresarios por pagar sueldos bajos o por tener “excesivos beneficios”. Cuando leo o escucho este tipo de críticas, siempre me viene a la cabeza esta pregunta: ¿y por qué no te haces tú empresario?. Si tan bajos te parecen los sueldos, monta tu propia empresa y paga los sueldos que estimes más justos; y si tanta envidia tienes de sus beneficios, ¿qué te impide intentar alcanzar tú esos beneficios?, así –si eres capaz de generarlos- podrás destinarlos al fin que te parezca mejor.

Hacerse empresario es una opción libre, está abierta a todo el mundo. No hace falta aprobar unas oposiciones, ni tener unos estudios, ni tampoco contar con grandes capitales, por lo que no entiendo a las personas que hacen este tipo de comentarios. En una sociedad de servicios como la nuestra hay millones de autónomos que desarrollan su actividad por cuenta propia. Y una buena parte de ellos lo hacen tan bien que son capaces de crecer y dar trabajo a otras personas.

La clave de ser empresario es ser capaz de ofrecer un producto o servicio que sea demandado por los consumidores, y por el que ellos estén dispuestos a pagar un dinero que permita sostener la empresa, hacer frente a las obligaciones fiscales y pagar los sueldos de las personas que trabajan en la empresa.

Se equivocan totalmente los que piensan que en el libre mercado son las grandes empresas las que dictan las reglas. Somos cada uno de los millones de pequeños o grandes consumidores los que con nuestras acciones decidimos el éxito o el fracaso de las empresas. Y el empresario está obligado a conocer los deseos de sus clientes, o anticiparse a ellos, si quiere sobrevivir.

En cuanto a los beneficios, ellos son la recompensa y la medida de que la empresa está sirviendo de un modo satisfactorio las necesidades de sus clientes. No entiendo que haya algo como "excesivos beneficios" en una empresa del mismo modo que no hay "excesiva salud" en una persona. Si los beneficios en un sector o empresa son altos, servirán de incentivo para que otras empresas entren en el sector, aumentando así la competencia.

No digo que todo el mundo tenga que ser empresario. Es una opción vital tan digna como ser soldador, médico, celador o abogado del Estado. Pero tiene poco sentido que se critique con esa carga de envidia cuando el que lo critica podría ser empresario si quisiera.

Por último, y aunque no sea exactamente el mismo tema, me gustaría reflexionar sobre cómo sería el sector público si estuviera sometido al libre mercado. ¿Podemos imaginar que la Administración tuviera que competir por ofrecernos el mejor servicio al mejor precio?, ¿Que nos dijeran como dice El Corte Inglés “y si no le convence, le devolvemos el dinero”? ¿Que cuando le bajan sus ingresos como ahora con la vivienda, tuviera que ajustar sus gastos –como hacemos en las empresas- en vez de  pasarle el problema al sector privado subiéndole los impuestos? Sé que es soñar, pero me pregunto por qué los demás tenemos que competir, mientras la Administración goza de una situación de monopolio, y además nos traslada a los demás sus problemas cuando los tiene.

Canon digital: Ni con PSOE ni con PP nos escapamos

Canon digital: Ni con PSOE ni con PP nos escapamos

Estos días ha habido bastante polémica con el famoso canon digital que nos considera delincuentes preventivos y que para mí es una aberración. Si uno sólo se fija en los titulares parece que el PSOE está a favor y el PP en contra. De hecho, Rajoy cree haber encontrado un filón de apoyo entre los jóvenes y abre su página web con un contador de los días, horas, minutos y segundos que quedan para eliminar el canon digital....si gana, claro.

La realidad, sin embargo, es bastante más triste: lo que el PP pretende no es eliminar el canon sino "sustituirlo por otras compensaciones a través de la creación de una Agencia Española de la Propiedad Intelectual." Resumiendo, el PP sólo pretende cambiar una tasa por un impuesto; lo que mi admirado Carlos Rodríguez Braun llama trilerismo fiscal. En vez de pagar el canon al comprar informática, lo pagaremos en el IRPF. Nuevamente la opción no es entre un partido intervencionista y otro liberal, sino entre el partido intervencionista de la izquierda y el partido intervencionista de la derecha. ¿Y para esto tanta movida?

Venezuela: Una esperanza para la libertad

Venezuela: Una esperanza para la libertad

El resultado este  domingo de las votaciones en Venezuela ha sido una sorpresa –muy agradable- para mí.

 

Tuve ocasión de viajar a Venezuela por trabajo un par de veces hace algo más de diez años y lo que ví no me gustó. Venezuela es un país increíblemente rico: tiene petróleo, oro, aluminio, pesca y una situación geográfica envidiable, pero eso –más que una bendición- ha sido una maldición para los venezolanos. Los distintos gobiernos que ha tenido Venezuela han utilizado las riquezas del país para enriquecerse ellos mismos y para comprar voluntades y así los venezolanos se han acostumbrado a  que sea el Estado el que les tenga que dar todo.

 

Cuando visité Venezuela, los síntomas de esta corrupción moral estaban por todas partes. Cuando uno se alejaba del centro de Caracas y se internaba por los distritos más pobres que rodean la capital, veía sobre la cabeza una red de cables que asemejaban una tela de araña: eran conexiones piratas que cada vecino se tomaba de la red principal. De este modo todo el mundo tenía la electricidad gratis y ningún inspector se atrevía a intervenir. La gasolina estaba subvencionada y el litro se pagaba a 5 céntimos de euro. Cuando un gobierno intentó subir el precio a 8 céntimos para que, por lo menos, cubriera los costes de extracción, le montaron una revuelta y el gobierno dio marcha atrás. En una visita al puerto de la Guaira, me explicaron que allí los sindicatos de estibadores tenían el “derecho de vistas”. Esto significa que los sindicalistas eran los únicos autorizados a descargar los barcos y si una empresa quería utilizar a otras personas para la descarga, podían hacerlo, pero debían pagar el sueldo de los sindicalistas que hubieran debido hacerlo. Estos, a su vez, tenían el derecho a presenciar cómo se hacía la descarga –el derecho de vistas-. Normalmente compensaba que el trabajo lo hiciera tu propia gente y pagar dos sueldos, porque se hacía mucho más rápido.

 

El camino que ha iniciado Chávez en Venezuela no es, por tanto, una ruptura sino una evolución de lo que ya ocurría en el país. Igual que en la Alemania que nos describe Hayek en “Camino de servidumbre”, aquí las ideas liberales habían desaparecido hace mucho tiempo y eran las socialistas las que triunfaban. Y del mismo modo que sólo fue cuestión de tiempo que en Alemania apareciera Hitler para avanzar más en el socialismo –en su caso nacionalsocialismo-, también fue cuestión de tiempo que apareciera Chávez en esa misma línea con su socialismo bolivariano.

 

Sin embargo, este domingo los venezolanos han demostrado que aún queda esperanza. A pesar de que apenas quedan medios de comunicación libres, a pesar de las voluntades compradas con el petróleo, a pesar de que los opositores se enfrentan a la amenaza de cárcel, o incluso la muerte a manos de los matones de Chávez. A pesar de todo, Venezuela le ha dicho ¡No! al dictador. Y han sido los estudiantes los que se han rebelado contra la dictadura. El camino hacia la libertad no es fácil, pero aún hay esperanza.

¿Y si acabáramos con la PAC y las subvenciones a la agricultura?

¿Y si acabáramos con la PAC y las subvenciones a la agricultura?

El aumento de precios de los cereales supone una magnífica oportunidad para que la agricultura europea regrese al lugar de donde nunca debió salir: el libre mercado

 

El sistema europeo es de locos: una maraña de prohibiciones, subvenciones, limitaciones a la producción, penalizaciones por exceso de producción, subvenciones por dejar de producir, aranceles, cuotas, contingentes, prevelaments, etc.

 

Es prácticamente imposible que un agricultor se conozca la cambiante y mastodóntica normativa europea al respecto, que lo único que ha conseguido es convertir a profesionales de la agricultura en profesionales de la subvención. Dedican sus capacidades y esfuerzos no a producir y buscar la mayor rentabilidad, sino a buscar la subvención y presionar a sus gobiernos para que estas aumenten o, por lo menos, no disminuyan.

 

Lo que propongo es muy simple: eliminar todas las subvenciones y prohibiciones agrícolas y que los gobiernos renuncien también a la demagógica medida de realizar importaciones masivas para reducir los precios.

 

Las causas de la subida de precio de los cereales –aunque agravadas por la irracional política europea- tienen una base económica en el aumento de demanda de China y la India que están mejorando su alimentación y necesitan cereales para producir carne (3 kilos de cereal por cada kilo de carne). Por lo tanto es previsible que los precios se mantengan en el tiempo a niveles de una interesante rentabilidad económica.

 

La eliminación de trabas y prohibiciones permitiría que fueran los propios agricultores –y no un eurócrata en Bruselas- los que decidieran qué producciones cultivar y en qué extensiones en base a una razonable expectativa de beneficio. Los agricultores –aplicadores de cultura a la tierra- recuperarían así la dignidad que nunca debieron perder de ganarse el sustento con su propio esfuerzo, de ser empresarios que toman sus decisiones en base al único indicador de rentabilidad económica que se ha demostrado eficaz: los precios.

 

Este aumento de la producción beneficiaría también a los consumidores que pagarían precios de mercado libre por los alimentos, en vez de pagarlos mucho más caros vía impuestos, regulaciones y prohibiciones.

 

La apertura de mercados sería, por último, el mejor acicate para el desarrollo de los países más pobres del mundo, principalmente de Africa, frente a las inútiles ayudas tipo 0,7% que sólo sirven para engordar dictadores. Esa política de enviar ayuda pero impedirles competir con nosotros demuestra el trasfondo profundamente racista de los planteamientos llamados progresistas y que en aras de la precisión del lenguaje deberíamos llamar simplemente intervencionistas o socialistas.


No confío en que esta propuesta se  lleve a cabo. Resulta evidente que los eurócratas no van a suicidarse voluntariamente reconociendo que su trabajo es no sólo inútil sino claramente pernicioso, y tampoco confío en la valentía de nuestros políticos demasiado preocupados por intentar ganar elecciones como para tomar medidas que ataquen la raíz de los problemas. Simplemente espero despertar conciencias e inteligencias en el convencimiento –como nos ocurre siempre a los liberales- de que el tiempo dará la razón.

¿Y por qué no 2.000 euros?

¿Y por qué no 2.000 euros?

En general las normas intervencionistas se pueden clasificar en dos grandes grupos: las inútiles y las perniciosas. Desgraciadamente la propuesta de las Juventudes Socialistas se incluye en el segundo grupo y, como casi siempre, perjudica al grupo al que teóricamente pretende ayudar.

 

La cuestión es muy simple: el mercado laboral –aunque intervenido- es un mercado en el que los empleadores tienen básicamente las siguientes opciones: contratar mano de obra, invertir en equipos y tecnología para aumentar la productividad reduciendo la contratación de mano de obra o adquirir bienes o servicios alternativos dentro o fuera de ese mercado. Si se eleva artificialmente el coste de una de las alternativas, la consecuencia inmediata es que se contratará menos mano de obra sin cualificar o sin experiencia y aumentará la inversión en equipos y tecnología por una parte y la importación de bienes y servicios de países más competitivos (fundamentalmente China) por otro.

 

Es decir, que si la propuesta de las Juventudes Socialistas sale adelante, miles de jóvenes se quedarán en el paro y no podrán adquirir la experiencia y formación necesaria para que un empleador les quiera pagar 1.000 o 1.500 euros por su trabajo.

 

A aquellos intervencionistas a los que el razonamiento anterior les resulte algo complejo, me permito preguntarles, ¿y por qué no proponen un sueldo mínimo de 2.000 o 3.000 euros?, o, mejor aún ¿por qué no combinamos la propuesta de Juventudes Socialistas con las de ERC e IU de sueldo sin trabajar y ponemos un sueldo mínimo de 3.000 euros sin necesidad de trabajar? Quizás a algún socialista un poco más avispado se le ocurra que alguien tendrá que trabajar para pagar todo eso…Y es que esa es la madre del cordero. El Estado y su generosísimo Gobierno no nos da nada que antes no nos haya quitado. Las manos que nos echa van siempre a nuestra cartera o a nuestro cuello.

 

Por eso les pido, por favor, dejen de “ayudarnos”.

 

P.S. La propuesta en concreto era la de establecer el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros/mes.

 

Porque a las 72 horas…

Porque a las 72 horas…

..el juez le había dado la razón. Porque tu último golpe fue tu último golpe…” zapp, cambio de cadena “..y la degolló delante de sus hijos”.

Pocas veces la España oficial y su propaganda han estado tan lejos de la España real.

 

La pregunta es obvia, ¿de qué sirve que el juez le dé la razón a una mujer o que dicte orden de alejamiento contra un maltratador? En la práctica la única orden de alejamiento efectiva es la cárcel del maltratador y sin permisos de fines de semana. No entender esto es condenar a la mujer al destierro o a la muerte.

 

El problema de muchos intervencionistas  es que no creen en la libertad de las personas y, por lo tanto, tampoco en su responsabilidad. Le echan la culpa a la sociedad y equiparan a víctima y delincuente. Tienden a pensar que el delincuente es también una víctima. Pero hay que decir bien claro que no es así: no es lo mismo el violador que la violada, ni el maltratador que la maltratada, ni el asesino que su víctima.

 

El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y la obligación de defender a sus ciudadanos para que puedan ejercer sus libertades. Cuando el Estado hace dejación de esa función pierde su razón de ser y se deslegitima.

 

Posiblemente no sea políticamente correcto decir esto, pero en el caso de delincuentes que no se rehabilitan (como parecen ser los violadores y otros psicópatas) habría que retirarles de la sociedad. Yo no digo que tengan que estar haciendo trabajos forzados ni sufriendo. Pero si no pueden vivir en sociedad, hay que apartarles de esa sociedad. Lo contrario es condenar a inocentes –en muchos casos a los más débiles, mujeres y niños- al sufrimiento y la muerte.