Contra el viento. El blog de Ignacio Alvo

Una característica muy frecuente del intervencionismo público es que su medicina, en vez de mejorar al enfermo, lo empeora de forma notable, aunque la cuantiosa partida de gastos en publicidad se encargue de vender las medidas como un gran éxito.

Como ejemplo de la eficacia de este tipo de medidas, el Profesor Carlos Rodríguez Braun suele citar el caso de los militares y la dictadura del General Primo de Rivera. El General estaba preocupado por los casos en que militares que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, veían embargadas sus viviendas y salarios, así que dictó una norma por la que los militares no podían ser embargados. El general se quedó muy contento…hasta el día siguiente en que los bancos decidieron no conceder ninguna hipoteca a militares. En estos casos, si el gobernante es inteligente y humilde, se da cuenta de su error y rectifica; si es torpe y orgulloso, se reafirma en su error y dicta nuevas normas para corregir “los problemas detectados en la aplicación de la norma” con lo que consigue empeorar los resultados anteriores. Un ejemplo de perseverancia en el error lo dio Roosevelt con su “New Deal”. A pesar de que lo vendió como un gran acierto, y que todos hemos estudiado que gracias a sus políticas se salió de la Gran Depresión, lo cierto es que fueron esas políticas las que retrasaron ¡10 años! la recuperación, convirtiendo una crisis más en la Gran Depresión.

 La situación actual de la construcción no es muy diferente: ha habido una burbuja especulativa motivada por una restricción artificial de la oferta de suelo y nos encontramos ahora con un parque de unas 700.000 viviendas nuevas sin vender. El único modo de que la construcción vuelva a funcionar a un ritmo normal de 400-500.000 viviendas por año, es que durante dos años se construya mucho menos y se dé salida a ese exceso de viviendas.

Sin embargo, la Ministra de Vivienda ha decidido que, con cargo al Presupuesto y nuestros impuestos, ella va a acabar con la crisis, y lo va a hacer destinando 300 millones de euros a la compra de terrenos para construir VPOs. El resultado de todo esto es bastante previsible: si se construyen VPOs, las promotoras no podrán vender sus viviendas, por lo que en vez de dos, pasarán tres o cuatro años hasta que se reduzca el parque de viviendas, y las promotoras acometan nuevas obras. La diferencia es que si para muchas iba a ser difícil resistir dos años sin poder vender sus viviendas y así reducir sus deudas con los bancos, ahora será casi imposible. Esta medida condena a una gran mayoría de promotoras e inmobiliarias con parque de viviendas a la quiebra. Como de costumbre, la medida intervencionista mata al enfermo en vez de curarle, aunque no faltará la publicidad para convencernos de que gracias al Gobierno, estamos mucho mejor.